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Radiografía al Código Orgánico de la Salud
El Código Orgánico de la Salud presenta varias propuestas polémicas que han dividido el debate.
Provocar la muerte de un paciente con enfermedad terminal para evitar su sufrimiento; legalizar el consumo de la marihuana con fines medicinales; concebir de manera artificial mediante un vientre de alquiler; visibilizar el aborto como un problema de salud pública al existir altos índices de embarazos en adolescentes.
Estos planteamientos -tradicionalmente complejos de debatir dentro de una sociedad como la ecuatoriana- forman parte de un proyecto de ley que actualizaría el Código Orgánico de la Salud (COS), propuesto hace seis años en la Asamblea Nacional y que ha recolectado aportes de diversos sectores de la salud: organizaciones gremiales, académicas y sindicales, para la redacción de este cuerpo legal.
Para el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), doctor Ernesto Carrasco, el proyecto presenta avances fundamentes para el ejercicio de la profesionalización de la salud como el regreso de la carrera sanitaria. “Actualmente los profesionales de la salud ingresan con un sueldo y 30 años después se jubilan exactamente con el mismo sueldo; no existe un escalafón. Con este Código, se nos permitiría nuevamente poder escalafonarnos por años de experiencia, conocimientos adquiridos, servicios realizados vía concurso en procesos de certificación y recertificación cada cinco años”, explica.
Carrasco confiesa que, como Federación Médica, en un principio se opusieron a la existencia de todo un libro dentro de la ley solamente para sancionar a los profesionales de salud. No obstante, aquello cambió debido a que se logró, en trabajo conjunto con las autoridades de salud y el presidente de la República, reducir las sanciones a la tercera parte de lo que estaban estipuladas originalmente en el primer borrador del Código.
"No hay que tenerle miedo a la existencia de una falta o de la sanción tipificada en esta ley. (Si bien es cierto) el profesional de la salud será acreedor a una amonestación, en casi todos los casos económica, pero basta con no cometerla y no existirá la sanción; es tan sencillo como no pasarse una luz roja para que no le pongan una multa”.
El representante de la FME detalla que entre las sanciones que presentará la normativa están: alargar la estancia hospitalaria de un paciente, ejercer sin licencia profesional, poner medicamentos caducados, entre otros.
Con 393 artículos, este Código, que agrupa 13 leyes referentes a la salud, está siendo analizado por los miembros de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea –integrada por seis legisladores oficialistas y cinco de oposición-, quienes no han llegado a un consenso debido a que existen nudos críticos que han impedido acelerar la aprobación de la norma.
Éstos son:
Uso del cannabis con fines medicinales
Uno de los puntos más polémicos es el artículo 333. Poly Ugarte, legisladora de la Comisión de la Salud, se opone a la propuesta; describe que, en caso de aprobarse este artículo del COS, el Ministerio de Salud podrá entregar licencias para la siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación de marihuana “bajo la excusa de que será con fines terapéuticos (…) esto provocaría el aumento del consumo de drogas”.
El colectivo Guayaquil Canábico, quienes defienden los derechos de los usuarios de la marihuana en el país, busca que se regularice el uso de esta sustancia “para que pueda existir una producción local, que las personas puedan beneficiarse en su salud, como los niños que sufren de epilepsia refractaria”.
Milton Suárez, miembro de Guayaquil Canábico, cree que si en Ecuador la regularización no incluye el autocultivo, se estaría creando un negocio para las farmacéuticas. “Si se acepta el cannabis, pero solo importándolo, solo podrán comprarlo a ciertas marcas. Sabemos que hay asambleístas que están un poco reacios al tema porque tienen intereses propios; hay asambleístas que tienen empresas con farmacéuticas, que son auspiciadas por éstas. A ellos no les conviene que las personas puedan tener una planta en su casa, tratando su salud a un costo muy bajo”.
Según el doctor Carrasco, está demostrado científicamente, por varios estudios a nivel mundial, que el uso del cannabis podría tener efectos beneficiosos para enfermedades degenerativas como el Parkinson, la epilepsia y la esquizofrenia. “No se les puede negar el acceso a pacientes que necesitarían de estas terapias solo por el hecho de vivir con el estigma de que se va a incentivar el consumo de marihuana. Se quiere hacer creer que se va a legalizarla cuando no es así”, enfatiza.
Para el abogado José Luis Hidalgo sería antijurídico aprobar el uso de la marihuana con fines medicinales “porque ya se encuentra regulado como un delito en el cuerpo normativo del Código Integral Penal; es decir que, para establecerse, tendría que cambiarse la tipología del delito mediante una modificación en el mismo y en la Constitución”.
Hidalgo cree que este escenario, en el sistema ecuatoriano, sería contradictorio “ya que, en el 2014, con la famosa tabla de gramajes, la reacción del pueblo ecuatoriano fue directamente proporcional, es decir desde el 2014 hasta la actualidad la legalización de esos pocos gramos, ha incrementado el consumo de drogas en el país”.
Advierte, además, que esta norma podría inducir la comercialización macro nacional del cannabis. “No estamos preparados culturalmente, sociológicamente ni psicológicamente para este tipo de medidas de libertinaje”, concluye.
Aborto
Aunque se lo menciona tan solo en dos ocasiones dentro de todo el COS, el aborto no deja de ser foco del debate. Dentro del marco legal, está establecido que se reconoce la vida de una persona desde la concepción. “Si se llegase a aprobar el aborto sería inconstitucional, tendría que modificarse la Constitución y algunas leyes orgánicas que son secundarias” argumenta el procurador José Hidalgo.
Carrasco, por su parte, considera que en este tema ha habido una campaña de desinformación organizada -a su criterio- por los opositores al Código. “Lo único que se menciona es que no se le puede negar la atención de emergencia a una paciente que esté en una condición de un aborto en curso, porque esto es un delito y en los hospitales debe ser atendida” justifica el profesional de la salud, quien añade que la segunda vez que nombra el término es para considerarlo como “un problema de salud pública, debido al alto índice de embarazos juveniles que terminan en aborto”.
La gineco- obstetra Teresa Ortega concuerda con que se practique el aborto siempre y cuando se pueda comprobar que existe un riesgo para la madre o del feto. “Allí debería actuar la Red Pública de Salud y brindar un aborto de manera controlada y segura que no comprometa la salud y bienestar de la madre”.
Testamento vital (Eutanasia)
Permitiría que una persona, en etapa final de una enfermedad catastrófica, manifieste por anticipado, de manera escrita, su último deseo en cuanto si quiere o no seguir procedimientos para alargar su vida o el de ser reanimado.
A criterio del doctor Julio Ramírez, la decisión no debería ser tomada ni por el paciente, ni por los familiares. “En lo personal yo no practicaría una muerte a un paciente así sea su deseo, la vida no hay que interrumpirla (…) como seres humanos no somos quienes para determinar hasta cuándo merece vivir alguien; hay que tratar de siempre precautelar y primar la vida del paciente, buscar la manera de que la vida esté a salvo”.
Para la asambleísta Ugarte, las personas en estado vegetal que viven superficialmente gracias a una máquina, con cáncer terminal o pacientes que tienen que hacerse diálisis varias veces a la semana “deberían tener la posibilidad de voluntariamente decidir hasta qué punto pueden ser reanimado o rechazar a vivir, ya que nadie debería estar obligado a recibir tortura o situaciones indecorosas por su propia enfermedad”.
Por su parte, el presidente de la FME recalca que actualmente los médicos están obligados a no dejar morir al paciente y que la eutanasia sigue siendo un delito. “Lo que se propone es que ahora exista la voluntad vital del paciente, que pueda escoger, cuando ya no tenga uso de sus facultades, que no le alarguen el sufrimiento en el hospital”.
Vientre subrogado
Aunque en nuestro país no haya ley que permite el alquiler de vientre, en la práctica sucede. El Código de la Salud no lo legisla ni lo legaliza, simplemente lo menciona como mecanismo de reproducción asistida y, al menos al mencionarlo, permitiría en un futuro una nueva legislación sobre el tema.
Para la ginecóloga Ortega no se debería permitir esta práctica pues podría conducir a la venta ilegal y tráfico de vientres. Asegura, además, que, como la Red de Salud Pública no logra cubrir en su totalidad la demanda de mujeres embarazadas que requieren atenciones médicas, al aprobarse este planteamiento “se está creando una mayor demanda que no podrá ser abastecida”.
El abogado Hidalgo cree que la finalidad es legalizar que se pueda usar el vientre de una mujer fértil en pro de una pareja en la que la mujer sea infértil, para que pueda concebir de manera artificial. “A su vez se debe prohibir la aceptación de donaciones y compensaciones económicas con el objetivo de evitar hacerlo un negocio. En Ecuador, con las condiciones económicas en las que estamos, corremos el riesgo de que sea un modo de conseguir recursos (…) tal vez no sea ilegal, pero si antiético e inmoral” subraya.
Sistema Nacional de Salud
Las discusiones en torno al primer libro se han centrado en si el Ministerio de Salud Pública (MSP) debe o no asumir la rectoría del sistema de salud.
Según explica el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana , Dr. Ernesto Carrasco, este planteamiento, aunque no es nuevo porque ya se lo practica, “sí es pertinente porque deben fijarse los lineamientos y las políticas a ser cumplidas por todos los hospitales y por todos los centros de salud de nuestro país, tanto públicos como privados”.
Poly Ugarte no comparte que sea el MSP quien asuma este rol, pues asegura que se implantaría un modelo “concentrador”. La socialcristiana sugiere como alternativa la conformación de ONG’s, fundaciones, asociaciones y una superintendencia para garantizar la independencia en la administración de la salud.
Carrasco arremete contra la propuesta de la asambleísta al considerarla utópica. “Se quiere abrir la puerta para una probable privatización de la salud (…) se quiere crear un órgano burocrático más –en tiempos de austeridad- con plenos poderes para cerrar consultorios y castigar médicos”.
Para el abogado José Luis Hidalgo, en cambio, la legislación debería crear un Consejo Nacional que regule todo lo atinente a términos de salud, pero advierte que quienes lo conformen deben ser especialista y no burócratas. “El Ministerio de Salud tiene más parte administrativa, quienes son los que toman las decisiones, que médica; eso debe cambiar”.
Luego de diálogos, aportes y correcciones, al parecer la espera -de seis años- para la aprobación del Código Orgánico de la Salud estaría por terminar en las próximas semanas cuando se encuentre listo el informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea. Si este cuerpo legal recibe una votación favorable, se prevé que se convierta en una legislación sanitaria moderna y eficaz que busca garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio del derecho a la salud consagrado en la Carta Magna.